Sin acuerdo en los juzgados entre Berkeley y Stop Uranio

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REDACCIÓN / CIUDAD RODRIGO

Un centenar de personas se ha concentrado hoy ante los Juzgados de Ciudad Rodrigo para expresar su rechazo a la creación de una mina de uranio en el oeste de la provincia de Salamanca.

La concentración ha sido promovida por la plataforma STOP Uranio y varios grupos ecologistas, ya que en la mañana de hoy se ha celebrado un acto de conciliación en los Juzgados de Ciudad Rodrigo, promovido por la empresa Berkeley (promotora de la mina de uranio), donde solicita a miembros de dicha plataforma la indemnización de medio millón de euros en concepto de "daños y perjuicios al honor de la compañía".

El Juzgado Número 1 de Ciudad Rodrigo convocó a José Ramón Barrueco y a Jesús Cruz, miembros de STOP Uranio, que son los demandados por Berkeley para que, junto con el directivo de Berkeley, Javier Colilla, pudieran llegar a un acuerdo en el acto de conciliación celebrado hoy, aunque, como han explicado las partes, no ha habido acuerdo.

En la demanda del acto de conciliación formulada por Berkeley, la empresa denunciante asegura que José Ramón Barrueco y Jesús Cruz han "vendido falsedades en los medios de comunicación, respecto al proyecto -la mina de uranio- promovido por la empresa".

Berkeley pretende construir la mina para que esté en funcionamiento en el término municipal de Retortillo a partir del segundo semestre de 2017.

La empresa minera explica en la solicitud de conciliación que "es falso" que el exalcalde de Retortillo haya recalificado los terrenos donde Berkeley tiene ahora sus oficinas y que haya habido trato de favor al propio exalcalde.

Tras el acto entre las partes, Francisco Bellón, representante de la empresa Berkeley, ha comunicado a a este diario que "ante los comentarios vertidos por los miembros de la Plataforma STOP Uranio, que carecen de base técnica y jurídica, estudiarán continuar las acciones legales con una posible querella".

A la concentración en los Juzgados de Ciudad Rodrigo han acudido representantes políticos de Equo, Izquierda Unica, Podemos y el alcalde de Boada (Salamanca), Juan Matías Garzón (PSOE), municipio limítrofe con Retortillo.

Juan Matías Garzón ha explicadoque "Berkeley va avanzando -en su intención de construir la mina- porque tiene apoyo político" y ha manifestado que "no nos vamos a parar en nuestra intención de que no haya mina de uranio", ya que, a su juicio, "lo que se pretende hacer es una barbaridad".

José Sarrión, portavoz de IU en las Cortes de Castilla y León, también ha acudido a la concentración "para apoyar a los activistas demandados" y, según ha explicado, "el proyecto de la mina ha tenido muchas sombras", entre ellas la Declaración de Impacto Ambiental aprobada por la Junta de Castilla y León, la que ha calificado de "defectuosa".

Otra demanda

Además, el Juzgado Número 1 de Ciudad Rodrigo ha ordenado la investigación por posible existencia de un delito de negociaciones prohibidas al exalcalde de Retortillo y a otros tres concejales, todos del PP, relacionado con la apertura de una mina de uranio en este pueblo salmantino.

En este sentido, el juez ha citado a declarar a los cuatro querellados el próximo 28 de junio.

Según el auto, los querellados son el exalcalde de Retortillo, Javier Santamarina Matías, y los que fueran concejales en su equipo de gobierno en la pasada legislatura, Andrés Matías, Eustaquio Martín y Feliciano Sánchez.