Golpe policial al fraude del porcino ibérico en la provincia de Salamanca, con un ganadero detenido y un veterinario y una certificadora investigados

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REDACCIÓN / CAMPO

Efectivos del SEPRONA de la Guardia Civil de Salamanca han desarrollado en los últimos meses una compleja operación policial contra el fraude de los productos de porcino ibérico que se ha saldado con un ganadero (que también comercilizaba los productos) detenido y otras dos personas investigadas: un veterinario y una empleada encargada de certificar la raza animal.

En total, la operación se ha centrado en 1.421 lechones propiedad de este ganadero, cuyas razas eran desconocidas o, directamente, no eran de raza ibérica.

En un principio, para lograr que esos animales fueran calificados como ibéricos y, así, aumentar el valor añadido de los productos resultantes del sacrificio,el ganadero-comercializador contaba, presuntamente, con la complicidad de un veterinario de Salamanca, de 41 años, y con una empleada de una empresa certificadora  de la raza del porcino, de 35 años.

Una vez engordados en su finca, ubicada en un pueblo de la provincia de Salamanca, los animales eran sacrificados y despiezados. El ganadero enviaba partidas a diferentes provincias, tanto en Salamanca, como Badajoz y Zamora.

De esta manera, el trabajo de investigación de los agentes del SEPRONA ha sido muy exhaustivo y minucioso, con el fin de tener localizadas todas las piezas (jamones, paletas, embutido) que, a su vez, han sido comercializadas por una segunda empresa propiedad del mismo grupo del ganadero.

En el día de hoy, la Guardia Civil ha enviado toda la instrucción al Juzgado de Instrucción número 4 de Salamanca.

La segunda fase podría ser una orden de inmovilización de todos los productos resultantes de esos 1.421 animales cuya raza ha sido, presuntamente, falsificada.

En un principio, la trazabilidad y localización de dichas piezas está controlada por la Guardia Civil, aunque los productos, situados en diferentes provincias españolas, no serán inmovilizados si no hay una orden judicial que así lo dictamine.